La anunciada Ley Universitaria, debe tener como uno de sus objetivos, pretender “acreditar” la enseñanza superior en nuestro país. Veamos algunos conceptos: “la sociedad manifiesta sus requerimientos laborales, productos y servicios, a través del mercado. Nuestro territorio, de lo más diverso y rico en recursos, necesita un manejo y gestión responsable. La realidad social, económica, productiva, la calidad de vida, cultura, identidad, etc., expresan una dinámica que necesita estar sintonizada a un conjunto de propósitos y emprendimientos…..”. Lo señalado muestra escenarios de una realidad, que si lo relacionamos con el quehacer universitario, lo único que se quiere es una nueva ley haga posible que nuestras Universidades, asuman y cumplan su rol y responsabilidad.
La Universidad en términos de capital humano, está conformado por estudiantes, docentes y administrativos; para el caso de estudiantes, se hace selección de postulantes porque es más la demanda que la oferta instalada; puede haber selección desde fuera o desde dentro, es cuestión de costo-beneficio. La infraestructura universitaria tiene que ver con componentes completos y adecuados para así poder dar una formación acreditada; el equipamiento: aulas, talleres, laboratorios, centros de aplicación, etc., dan el soporte requerido; pensar solo en “aula, pizarra, plumón, carpetas, alumnos y docente“, no va de ninguna manera. En otra mirada, la universidad tiene funciones de docencia, investigación, promoción, servicios y producción, pretender hacerlo implica: capacidades, infraestructura, equipamiento, planes, proyectos, estrategias, objetivos, metas; tanto para el trabajo interno como su presencia y posicionamiento en un mercado competitivo. La universidad, tiene que ejercer su “responsabilidad social”, para lo cual requiere lo necesario y no mínimos, esa es una condición para poder aportar como un actor importante en el área formativa de nuestro país. De otro lado, deberíamos exigirle al Estado, que las concesiones de nuevas universidades pasen, no por tamices mínimos, sino por exigencias mayores; en ese sentido, las universidades deben tener capacidad para generar recursos propios, no solo por servicios educativos, sino por producción, servicios e investigación, destinando “recursos” con justa razón a formación, investigación, equipamiento, infraestructura y proyección social; finalmente, la Universidad no debe tener el sello de “ autoridades” sino de un empoderamiento institucional.
La Universidad Pública necesita tener una rectoría, hoy no depende de ningún sector; su escenario natural es Educación; hay que mantener la “autonomía”, sí, pero sin confundirla con “autarquía”; la nueva “Superintendencia…. tiene mucho que ver”, se necesita reglas claras que tomen en cuenta un enfoque sostenible y sustentable, obligado requisito para generar una “Institucionalidad Académica”, tan venida a menos por “remaches” y agotamiento normativo, hecho que facilitó y posibilitó, malas estrategias y manejos. El país necesita formación acreditada para su crecimiento y desarrollo, los universitarios necesitan asumir sus responsabilidades, el Estado debe generar condiciones para una Ley Universitaria acorde a una sociedad con mejores capacidades, finalmente, la empresa privada es un buen aliado estratégico, creo que todos nos necesitamos.
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