No puedo evitar la tentación de comentar las opiniones del Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, respecto de los constantes conflictos sociales, estos, ahuyentarían las inversiones en el sector minería; la intransigencia para negociar con el Estado y empresas inversoras, cobraría dimensión a partir del 2012, provocando una fuga de capitales hacia escenarios que ofrecen mejor clima de estabilidad social y jurídica. Hoy más que nunca, tenemos que tomar en cuenta que estamos en un escenario mundial en crisis, con claras intensiones de golpear al descuidado y también, al de reacciones lentas y tardías.
Inversiones en etapa de crecimiento económico, tienen sentido de parte del Estado, cuando se piensa en infraestructura y equipamiento, son requisitos necesarios que generan buenas posibilidades para iniciativas privadas; la estrategia así planteada, tiene que ver con acomodar la casa para tal fin. Cierto es que, las inversiones orientadas al sector primario-exportador tocaron la sensibilidad de una historia nada santa referida a la minería; en ese sentido, cierto también es que, la normativa que ajusta responsabilidades de gestión a términos ambientales y sociales es reciente. La minería carga con la tormenta, pero hay otros sectores económicos en implicancia ambiental, pero, es la minería quien debe responder hoy por todos ellos.
Inversiones en etapa de desarrollo económico, tienen sentido de parte del Estado, solo cuando se piensa en invertir más que simplemente gastar; en esta posibilidad, las estrategias necesitan ser más coherentes en relación, no solamente al equipamiento e infraestructura, sino además, a capacidades, estabilidad, escenarios adecuados, responsabilidades compartidas, actores comprometidos, espacios para acuerdos y consensos, credibilidad institucional, tanto pública como privada; las estrategias tienen que ser producto de visiones compartidas, ser un país que tenga y mantenga coherencia en sus decisiones, sean que vengan desde el Gobierno Central al Regional y Local o vayan hacia él; finalmente, los instrumentos de uso democrático, presupuestos participativos, licencias sociales y consultas previas, deben de tener la prerrogativa de la adecuada información y manejo de la misma, para así ser parte de una decisión que tiene que ser compartida responsablemente por todos los implicados.
Las inversiones que necesitamos tienen que ser pensadas en función del desarrollo económico, productivo y social; el cambio de matriz productiva y económica, implica también cambio en los escenarios sociales. Pensar en agricultura, pesca, industria, construcción, comercio, turismo, servicios, es dar espacio a promocionar sectores con mucha potencialidad y capacidad; necesitamos pensar más en el impuesto a la renta, el eje de la producción, y en la cobertura total del IGV, que simplemente en un canon, ajustado y sometido a vulnerabilidades de mercado y crisis.
Las inversiones que necesitamos, pensadas en desarrollo y crecimiento, son necesarias para cualquier estrategia del Estado, orientada en cambiar condiciones y situaciones; la inclusión social marca a beneficiarios que tienen que entender que la mejora de su condición, pasa por tener políticas y estrategias capaces de generar no solo mayores ingresos, sino además riqueza, tan necesaria para todos.
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