Por fin salió. Parecía que era
una ley condenada a pasarse de legislatura en legislatura, esperando el momento
propicio para ser debatida y aprobada por el legislativo, el camino más
tortuoso. Puede que la insistencia y
tozudez del Presidente la Comisión, Daniel Mora, haya favorecido a su parto
legislativo, ya lo demostró con la ley Pública Magisterial, contra viento y
marea y con un sector tan politizado la sacó, pero hablemos de la ley.
Plantea una exigencia y busca la
calidad educativa, exige grados a los Docentes para su trabajo formador,
plantea, no para todos, la dedicación exclusiva a la Universidad; la
investigación es su caballito de batalla, para lo cual se crea el
Vicerrectorado de Investigación, ya no se van a dar Títulos Universitarios como
rifas, el voto universal es la novedad, “la democracia entra a la universidad”.
Las Universidades privadas responden por su gestión, las nuevas universidades
necesariamente tienen que cumplir requisitos básicos, eso de crearla
fácilmente, ya no. Las existentes serán revaluadas así como los Docentes. El
punto de controversia ha sido la creación de la Superintendencia que esta
adscrita al Ministerio de Educación, cuyas atribuciones son: supervisar la calidad
educativa, supervisar los recursos y ver la creación de nuevas universidades.
El bachillerato automático, fue, y se pone como requisito para los grados el
saber un idioma; para terminar, la autonomía sigue, no se preocupen.
Me parece bien tener una Ley Universitaria
en estos tiempos, las capacidades son hoy en día, requisitos y componentes
importantes en nuestro crecimiento y desarrollo como país. La universidad asume
su responsabilidad social y quiere ser actor protagónico. Soy Universitario y
quiero ser parte del cambio, la vieja ley ha muerto.
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