Nuestra democracia participativa,
planteada sobre la base de una normativa, y no necesariamente sobre buenas costumbres, nos indica que disponemos
de instrumentos de “gestión
participativa” a nivel de ejercicio ciudadano; para el caso nuestro tenemos: presupuestos
participativos y licencias sociales. Una tiene que ver con la gestión de
gobierno regional y local, la otra con propuestas de inversión.
Hemos aprendido que mejor es
prevenir que lamentar, traducido en gestión pública, necesidad de tener una política
referida a prevención de conflictos, que
solución de los mismos; en ese sentido,
la estadística es larga y da cuenta de muchas inconsecuencias; mejor es verlo
desde lo técnico, pero siempre se lleva al tentador terreno de la política, donde no
hay costo-beneficio, tan solo, a ver que sale o saco. Otro indicador clave; “es su competencia y no la nuestra”, no
tenemos nada que ver; decirlo así no es aconsejable, competencia o no, obliga a hablar
y referirse al concepto de territorio, o sea, “si compete por visión y desarrollo del
espacio-territorio nuestro”.
Finalmente, una mesa de
desarrollo para Islay tendría que contar con los siguientes actores: GRA, MP. de
Islay, M. Distritales, representación de
trabajadores en producción y servicios,
representación de empresarios en producción y servicios, representación
de gremios en producción y servicios, de ser necesario para casos especiales,
el Gobierno Nacional a través de su Ministerio respectivo, así como,
Instituciones u organizaciones debidamente legitimadas por lo que son y lo que
representan. A esa “mesa de desarrollo territorial” hay que darle todos los
elementos y condiciones, y lo que en ella se decida, será legitimado por lo que es y representa,
nadie se impone. Palabra mágica, consenso.
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